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Proceso de desamortización y cambios agrarios

Proceso de desamortización y cambios agrarios
Caricatura de la revista La Flaca (1869)

La desamortización es el proceso por el cual los bienes que estaban vinculados, “bienes de manos muertas”, se convierten en propiedad privada.

En España hay precedentes de pequeñas desamortizaciones como la llevada a cabo por Godoy (bienes eclesiásticos) y la de las Cortes de Cádiz (bienes comunales) que es continuada durante el Trienio Liberal. Sin embargo, ambas tuvieron escasa influencia debido a las circunstancias en las que se encontraba el país, con una fuerte influencia de los sectores absolutista y el desarrollo de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Tras la muerte de Fernando VII, se produce un periodo de grave crisis económica marcada por el desarrollo de la primera Guerra Carlista (1833-1840), que obliga a la regente Ma Cristina, en busca de apoyos, a llamar a los progresistas al poder con Mendizábal como jefe de Gobierno. Este propone llevar a cabo una desamortización de los bienes eclesiásticos, que provocará que sea destituido y, tras el levantamiento de los sargentos en la Granja, vuelva a formar parte del gobierno como ministro de Hacienda, cuando finalmente llevará a cabo la desamortización.

Las principales causas de la desamortización fueron: la necesidad de obtener recursos para formar un ejército con el que enfrentarse al Carlismo durante la guerra Carlista; reforzar los apoyos para Isabel II y conseguir una modificación del sistema de propiedad, creando una “familia” de pequeños y medianos propietarios que invirtieran en el sector agrario, consiguiendo así mejoras en la productividad de la tierra y favoreciendo, por una parte, la emigración de la mano de obra rural a las ciudades, fomentando la industria, y por otra parte, la acumulación de capital  para invertir en otros sectores, como la industria y el ferrocarril. Además, esto también supuso una disminución de la influencia de la iglesia

Anteriormente a la desamortización, se había llevado a cabo la eliminación de los mayorazgos. El proceso de desamortización llevado a cabo por Mendizábal (1836-1837) constaba de varios pasos. En primer lugar, se llevó a cabo una disolución de las comunidades religiosas con pocos miembros y que no se dedicaban a una función social. A continuación, los bienes de estas comunidades disueltas fueron nacionalizados y parcelados, para salir a la venta mediante subasta pública. Estos bienes podían ser comprados mediante el pago en efectivo o a través de la compra de Deuda Pública.

Sin embargo, la desamortización no cumplió todas las expectativas debido a ciertas causas. En primer lugar, a pesar de que se consiguió una gran cantidad de recursos para el Estado, que permitieron la victoria en la Primera Guerra Carlista, y un aumento en los apoyos a Isabel II, no sucedió lo esperado. Por una parte, hubo un exceso de bienes en venta, lo que provocó la bajada de los precios. Asimismo,  la mayoría de las compras se efectuaron mediante el Pago en Deuda Pública, lo que provocó la disminución de ingresos del Estado. Por otro lado, no se consiguió formar la “familia de medianos propietarios”, pues la mayor parte de los compradores pertenecían a la nobleza o alta burguesía, quienes compraron grandes lotes de tierra reforzando el latifundismo y el mantenimiento del sistema  rentista, impidiendo así el desarrollo de las ansiada novedades técnicas. También, se consiguió un aumento en la producción al ponerse en cultivo nuevas tierras, pero disminuyó la productividad debido a la roturación de tierras de peor calidad y la ausencia de innovaciones técnicas. Asimismo, esto también produjo una enorme deforestación. Por otra parte, la desamortización también provocó el desvío de capitales, destinados a otros sectores como la industria y el ferrocarril, para la compra de bienes desamortizados. A su vez, esto produjo la pérdida de importantes bienes culturales y el descontento, tanto de los campesinos, que pasaron a convertirse en jornaleros y no pudieron acceder a la tierra, como de la iglesia, que acabará adoptando posiciones antiliberales.

Espartero, continuó con la desamortización de Mendizabal en 1841 para tratar de paliar los problemas de la Hacienda. Sin embargo, tras el cese de  Espartero, se dio inicio a la Década Moderada (1844-1854) en la que los moderados intentaron mejorar las relaciones con la Iglesia, muy deterioradas a causa de las desamortizaciones, mediante la firma del Concordato con la Santa Sede (1851). Esto supuso la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados y el retorno de los no vendidos, entre otras medidas. A cambio, la Santa Sede reconoció a Isabel II como reina y aceptó la obra desamortizadora.

Posteriormente, tras el pronunciamiento en Vicálvaro con la publicación del Manifiesto de Manzanares, se da inicio al Bienio progresista (1854-1856). Durante este periodo, el gobierno progresista llevará a cabo una serie de reformas económicas, entre las que se encuentra la aprobación de la Ley de Desamortización General o la Desamortización de Madoz. El objetivo principal de esta desamortización es conseguir fondos para pagar las subvenciones de la construcción del ferrocarril (Ley General de Ferrocarriles (1855)). Esta desamortización sigue el mismo procedimiento que la de Mendizábal. Sin embargo, afectará a los bienes eclesiásticos pendientes de venta de la desamortización anterior, los bienes de las instituciones benéficas y a los bienes de los ayuntamientos. Estos bienes se dividen en dos:  los bienes de propios, que eran tierras cultivables distribuidas entre los habitantes del municipio para su explotación, y los bienes del común, que eran tierras explotadas comunalmente, principalmente bosques.

La desamortización de Madoz, tuvo diversas consecuencias. Por un lado, al igual que en la desamortización de Mendizábal, se obtuvieron importantes recursos, pero no los que se correspondían con el valor de la tierra. Esto fue debido, por un parte, al exceso de oferta, que bajo los precios, y por otra parte al pago en Deuda Pública, que no favoreció los ingresos del Estado. Por otra parte, los compradores volvieron a ser la alta burguesía y la nobleza, lo que reforzó el latifundismo aún más, principalmente en Andalucía y Castilla, y provocó un gran descontento del campesinado que se quedó sin opciones de acceder a la posesión de tierras. Los ayuntamientos se quedaron sin su principal fuente de ingresos, lo que llevó a la imposición de nuevos impuestos y el aumento del descontento de la población campesina, que además perdió el uso de las tierras municipales. Todo esto generó un clima de enorme conflictividad social. Además, se volvió a producir una desviación de los capitales, destinados a la inversión en el ferrocarril e industria, para comprar los bienes desamortizados. Asimismo, se produjo un aumento de la producción pero disminuyó la productividad debido a la falta de inversiones en agricultura; y la roturación de tierras de peor calidad, que a su vez provocó una terrible deforestación que obligó a la aprobación de leyes de reforestación.  

La expansión de tierras cultivadas causó un aumento en la productividad que se vio reflejado en el cultivo de cereales, haciendo que España comenzara a ser autosuficiente en el cultivo de trigo. En Andalucía destacó el cultivo del olivo, y en la costa de levante, los cítricos como la naranja. También  el cultivo de la vid tuvo un gran impulso en Navarra y la Rioja, y se extendió el cultivo de la patata y el maíz. Solo en las zonas más desarrolladas industrialmente, como Cataluña y País Vasco y algunas zonas de Andalucía,se impulsó una agricultura más moderna basada en frutales y productos de regadío. En el resto de la Península, no se introdujeron innovaciones agrarias y la agricultura siguió estando atrasada,  impidiendo el desarrollo agrícola del país.

Para concluir, España sigue siendo un país donde los procesos desamortizadores no han conseguido su objetivo de que la agricultura se convierta en un motor de la economía y provoque un desarrollo industrial, manteniendo una agricultura muy atrasada y de bajo rendimiento basada en los cultivos tradicionales y algunos nuevos, como los cítricos, que más adelante se convertirán en productos de exportación. Además, la desamortización profundizó en la desigualdad del reparto de tierras, dando lugar a minifundios, localizados fundamentalmente en la Cornisa Cantábrica y Galicia; una pequeña-mediana propiedad que sigue siendo poco rentable, localizada en las tierras de la Meseta Norte, y grandes latifundios, de mayor riqueza, pero donde no se producirá ninguna modernización. Esto provocará que España siga anclada a una economía rural, de baja productividad, que no permitirá obtener las ventajas para la industria que en otros países ha supuesto la modernización de la agricultura, debido en gran parte, a la incapacidad para que se desarrolle una gran demanda industrial por la precariedad del trabajo y los bajos sueldos.

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