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Revolución Liberal en el reinado de Isabel II

Revolución Liberal en el reinado de Isabel II
Isabel II jurando la Constitución de 1837. 10 de noviembre 1843

Tras el reinado de Fernando VII, tiene lugar una Cuestión Dinástica. En 1830, Fernando VII tiene una hija, Isabel, a la que le impide subir al trono la ley Sálica, siendo el infante Don Carlos el heredero al trono. Sin embargo, los sectores más moderados y la reina M.Cristina de Borbón presionan al rey para que abola esta ley, que finalmente es anulada a través de la Pragmática Sanción, permitiendo que Isabel sea la heredera del trono. Cuando muere Fernando VII (1833), la Pragmática Sanción sigue vigente permitiendo que Isabel suba al trono. A pesar de ello, Don Carlos y sus seguidores no la aceptan,dando así comienzo a la primera guerra Carlista.

 Enmarcados en el conflicto dinástico, se van a enfrentar dos bandos. Por una parte, los Carlistas, apoyados por los absolutistas  e intransigentes de las zonas rurales de País Vasco, Navarra, el prepirineo Catalán y la zona del Maestrazgo; y por otra parte el bando a favor de Isabel II y M.Cristina, quienes se verán obligadas a apoyarse cada vez de sectores más aperturistas. La guerra Carlista se dividirá en tres fases. Durante la primera fase (1833-1835), los Carlistas se fortalecen en el norte e intentan ocupar algunas de las ciudades más importantes de la zona, entre ellas Bilbao en cuyo sitio morirá su general más destacado Zumalacárregui. En las segunda fase (1835-1838), los Carlistas llevan a cabo diversas expediciones para aumentar sus apoyos que acaban fracasando. Finalmente durante la tercera fase(1838-1840), los Isabelinos organizan un Ejército, gracias a la desamortización, que acaba derrotando a los Carlistas en la Batalla de Luchana lo que provocará la división del Carlismo en dos grupos. Por una parte, los intransigentes, entre los que destaca el general Cabrera, que serán partidarios de seguir luchando hasta su derrota en (1840), mientras que por otra parte los transaccionistas acabarán firmando el Convenio de Vergara (1839), entre el general Maroto y Espartero, que terminará con la guerra y supondrá el reconocimiento de Isabel II como reina, la integración en el ejército Isabelino de los efectivos del ejército Carlista y el mantenimiento de los fueros Vasco y Navarros. Además, el pretendiente Carlista partirá al exilio.

Paralelamente, se produce, a nivel político, la definitiva implantación del liberalismo en España. Tras la muerte de Fernando VII, M.Cristina de Borbón, regente de su hija Isabel II, busca apoyo en los absolutistas más moderados y encarga formar gobierno a Cea Bermudez, quien solo será capaz de llevar a cabo una nueva división provincial en la que destaca el papel desempeñado por Javier de Burgos dando fin a la organización territorial del antiguo régimen. La insuficiencia de las reformas hace que la regente busque apoyo en los liberales moderados, encargando formar gobierno a Martínez de la Rosa quien propone la aprobación del Estatuto Real 1834, que pretende ser una “Constitución” sin declaración de derechos y libertades en la que se establece la soberanía compartida con Cortes Bicamerales formadas por la cámara de próceres, designada por el rey, y la de procuradores elegida por sufragio muy restringido.

Sin embargo, la falta de reformas profundas produjo el descontento popular, que dio lugar a la formación de Juntas y múltiples motines y revueltas, obligando a la regente a llamar a los progresistas al gobierno liderados por Mendizabal como jefe de gobierno. De este modo, en septiembre de 1835 Mendizabal sube al poder realizando reformas del Estatuto Real y aplicando medidas como la desamortización eclesiástica para conseguir recursos y así formar un ejército con el que derrotar al Carlismo. A su vez, esta medida provocará la protesta de los privilegiados que conseguirán que Mendizabal sea destituido, lo que dará lugar al “Levantamiento de los sargentos” en La Granja, que unido a otras protestas por el país, acabará obligando a la regente a que vuelva a llamar a los progresistas a formar gobierno, nombrando a Calatraba jefe de Gobierno y a Mendizábal ministro de Hacienda, que será el encargado del desmantelamiento del sistema de tenencia de bienes del antiguo régimen, sustituyéndolo por la propiedad privada. Además, llevó a cabo la desamortización eclesiástica con el objetivo de obtener recursos para la Guerra Carlista, que supuso la pérdida de influencia de la Iglesia. Por otra parte, el gobierno progresista redactó una nueva constitución (1837) de breve extensión que con el objetivo contentar tanto a moderados como a progresistas, en la que se establece:

  • Soberanía nacional
  • Amplia declaración de derechos y libertades
  • División de poderes en la que el poder legislativo era compartido por las Cortes bicamerales, elegidas por sufragio censitario muy restringido y el rey, el ejecutivo dependía del rey y el judicial de los jueces y los tribunales.
  • No se define claramente la confesionalidad del Estado

Esta constitución se complementa con otras leyes como la Ley de imprenta. Tras la aprobación de la Constitución, se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones con la victoria de los moderados, quienes eliminarán los elementos más progresistas y tratarán de aprobar el restablecimiento del diezmo y la limitación de la libertad de imprenta; y en 1840 establecerán una Ley de Ayuntamientos de ideario moderado que otorgaba a la Corona la facultad de nombrar a los alcaldes. Todas estas medidas provocaron el descontento progresista, que a través de las Juntas y levantamientos populares, conseguirán que M.Cristina parta al exilio, de forma que las Cortes nombrarán al general Espartero como regente (1840-3).

Respecto a la regencia de Espartero, esta supone la consolidación del régimen liberal. Espartero se va a rodear de una camarilla de ayacuchos prescindiendo cada vez más de las Cortes y del propio partido progresista, llevando a cabo una política fuertemente autoritaria, lo que acaba en levantamientos como el del general O’Donnell, en 1841, que acaba fracasando.

El punto de máxima trascendencia se produce en 1842 con la bajada de aranceles a los textiles británicos, lo que produce protestas tanto por parte de los industriales catalanes como los trabajadores de fábricas que acaban realizando levantamientos. Espartero responde a estos levantamientos bombardeando Barcelona, lo que supone una pérdida de apoyos y le hace renunciar a la regencia (1843).

De esta forma, las Cortes deciden conceder la mayoría de edad a Isabel II, que llama a los moderados al poder, con el general Narvaez al frente, dando así inicio a la Década Moderada (1843-1853). El triunfo en las elecciones del sector más moderado del liberalismo queda plasmado en la Constitución de 1845, de corta extensión al no recoger derechos y libertades. Los puntos principales de esta constitución son:

  • Soberanía Nacional.
  • Ausencia de la declaración de derechos y libertades recogidos en leyes posteriores.
  • División de poderes conformada por el ejecutivo, que residía en el rey, el legislativo, que recaía en las cortes bicamerales formadas por el Congreso, elegido por sufragio censitario en función de la  ley, y el Senado nombrado por el rey, quien también podía convocar y disolver las Cortes, y el poder Judicial desarrollado por jueces y tribunales.
  • Se recoge un “poder moderador” encargado de la resolución de conflictos de poderes, desarrollado por la corona.
  • Se establece la confesionalidad católica del Estado.
  • Se establece el presupuesto de Culto y Clero.

La boda de la reina va a dar lugar a la segunda guerra Carlista (1846-1849), por el rechazo al pretendiente Carlista, que se desarrollará principalmente en la zona del Maestrazgo con la victoria liberal. 

Uno de los objetivos fundamentales de los gobiernos moderados era la reconciliación con la iglesia, paralizando para ello la venta de bienes desamortizados.

Para conseguir el nuevo modelo de relaciones con la Iglesia se firma el Concordato en 1851. A través de este Concordato, la Iglesia reconoce el Estado liberal, aceptando la desamortización y el Patronato Regio. Asimismo, el Estado reconoce la confesionalidad católica y concede influencia a la Iglesia en materias de educación. El Estado también se hace cargo del mantenimiento de la Iglesia a través del presupuesto de Culto y Clero.

Además, se van a llevar a cabo una serie de reformas administrativas, que supondrán la imposición de un modelo centralista y un aumento del control del Estado por parte de la Corona, para consolidar el moderantismo dentro del Estado liberal. De este modo, se llevará a cabo una reforma de la Administración provincial y municipal (1845) mediante la cual la Corona designaba a los alcaldes de las capitales de provincia y municipios de más de 2000 habitantes. El resto serían designados por los gobernadores civiles(1849), desplazando así a los progresistas del control de los ayuntamientos. También se llevará a cabo una reforma fiscal que supondrá la creación del Banco de España, con la centralización de los impuestos, a excepción de País Vasco y Navarra, y el establecimiento de una contribución directa sobre la renta y los Consumos. Por otra parte, se establecerá la reforma de la Administración pública, regulando el acceso. Además, se adoptará un sistema nacional de instrucción pública, Ley Moyano (1857), junto con el establecimiento del sistema métrico decimal y la disolución de la Milicia Nacional, con la creación de la Guardia Civil (1844). También se aprobará el Código Penal (1848) y el Código Civil (1850).

A partir de 1852, los intentos de mayor moderación llevados a cabo por el gobierno de Bravo Murillo aumentan el descontento entre los progresistas e incluso entre los sectores más avanzados de los moderados. Todo esto favorecerá  la creación de un nuevo partido político, la Unión Liberal, liderada por O’Donnel. El extremado moderantismo del gobierno provocará múltiples pronunciamientos progresistas que fracasarán hasta que en 1854, se publica el Manifiesto de Manzanares en Vicálvaro que fomentará protestas urbanas por parte de los sectores progresistas, demócratas y la Unión liberal. Estos sucesos obligan a Isabel II a llamar a los progresistas y la Unión Liberal al gobierno, dando lugar al inicio del Bienio Progresista (1854-1856), con Espartero como jefe de Gobierno y O’Donnell como Ministro de la Guerra.  Habrá una convocatoria de elecciones retomando la Constitución de 1837, en la que la victoria corresponde a la coalición gobernante, entrando en las Cortes demócratas y republicanos. El nuevo gobierno llevará a cabo la restauración de la Milicia Nacional, junto con una nueva Ley de ayuntamientos y la declaración de una nueva Constitución que no llega a ser aprobada.

El Bienio Progresista impone otra legislatura económica con el fin de modernizar la estructura económica del país entre la que se establecen leyes para fomentar las SSAA, la banca y el desarrollo de la minería. También se establece la Ley General de Ferrocarriles (1855) que incentivaba la construcción del ferrocarril subvencionado por km construido, lo que supuso la formación de grandes compañías con gran presencia de capital extranjero, mayormente Británico y Francés. Para conseguir los recursos para esas subvenciones se llevará a cabo la desamortización de Madoz (1865).

La situación de crisis del país junto con el descontento de los distintos sectores, dio lugar a protestas populares que exigían la desaparición de los consumos, de las quintas y medidas para superar la crisis de subsistencia. A esto se sumó la descomposición de la coalición gobernante, que supuso el fortalecimiento de la Unión  y la dimisión de Espartero, dando así fin al Bienio Progresista(1856), con O’Donnell como nuevo jefe de gobierno y la restauración de la constitución de 1845.

Los gobiernos unionistas pretenden unir los proyectos moderados con aspectos progresistas (desamortización, disminución del poder real), en un periodo de relativa estabilidad en el que se intentó revitalizar la vida parlamentaria a pesar del amañamiento de las elecciones.

La estabilidad, unido al periodo de bonanza económica, supuso una activa política exterior con intervenciones en la Expedición en Indochina con los franceses, la intervención en nuevo México con otras potencias y la intervención a Marruecos en la que se conseguirá el Ifni.

Sin embargo, la división interna junto con la presión de los moderados provocará la dimisión de O’Donnell. La reina volverá a llamar a Narvaez al gobierno, quien gobierna con un fuerte autoritarismo, manteniendo las Cortes al margen. Esto llevará a los progresistas a acusar a la Corona de entorpecer el funcionamiento de las instituciones, dando lugar al pronunciamiento, junto con los demócratas, de los sargentos del cuartel de S.Gil, que acabará fracasando y siendo duramente reprimido. Esta situación se ve agravada por una grave crisis económica la cual presenta tres vertientes. En primer lugar una crisis internacional provocada por la guerra de secesión norteamericana que provocó el aumento de los precios del algodón que se a su vez desencadenó el cierre de empresas y aumento del paro, una crisis financiera debida a la bajada del precio de las acciones ferroviarias por su poca rentabilidad, que llevará a pedir nuevas subvenciones dando lugar a casos de corrupción en los que la reina se vería salpicada  y una crisis de subsistencia que produjo una subida del precio de los productos básicos.

La grave situación económica junto con los continuos escándalos de la Corte, llevarán a los progresistas y demócratas a firmar el pacto de Ostende(1866) en el que acuerdan organizar una sublevación generalizada del Ejército a la que se sumarán las ciudades con el objetivo de expulsar a la reina. A este pacto se unirán los Unionistas tras la muerte de O’Donnell. La sublevación se iniciará el 19 de septiembre de 1868 en Cádiz por parte de la Armada dirigida por el Brigadier Topete. Los generales Prim (progresista) y Serrano (Unionista) se unirán a la sublevación que mediante el manifiesto experimentará una rápida extensión especialmente en la ciudades Costeras (Málaga, Almería, Cartagena). 

El gobierno enviará un ejército que será derrotado en la batalla del Puente de Alcolea (Córdoba) lo que provocará que la reina parta el exilio y la dimisión del gobierno dando inicio al Sexenio democrático (1868-1874)

En conclusión, este periodo marcado por la guerra entre Carlistas e Isabelinos, con la consiguiente victoria por parte de la reina, supondrá el fin del absolutismo y la instauración definitiva de un Estado liberal. El excesivo moderantismo e intrusismo de la reina provocará que amplios sectores de la población se queden fuera de la vida política que se unirán en la Gloriosa provocando el exilio de la reina.

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